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La nueva ley general tributaria, que el Gobierno prevé remitir al Congreso de los Diputados este mes, ha provocado un enorme malestar y enfrentamiento entre las empresas contratistas y las subcontratadas. El anteproyecto extiende la responsabilidad solidaria respecto de las deudas tributarias de las compañías que se subcontratan, aunque se podrá exigir un certificado de deudas tributarias para eludir la culpa.
Patronales como la Confederación Nacional de la Construcción negocian con Hacienda poder retener pagos a las empresas subcontratadas en prevención de responsabilidades futuras en el caso de que éstas no les faciliten el certificado correspondiente. La Agencia Tributaria no piensa ceder en su histórica pretensión de asimilar al sistema fiscal el que se aplica en la Seguridad Social, según fuentes próximas a la Administración. En este caso, las contratistas asumen las responsabilidades en materia laboral y social de sus subcontratadas.
Partiendo de esa premisa, las organizaciones empresariales, que agrupan esencialmente a grandes constructoras, han optado por negociar que se dulcifiquen sus responsabilidades. Pero ello puede desembocar en un auténtico desastre para miles de pymes. "Pueden verse aún más presionadas por las grandes", explica Valentí Pich, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). El hecho afecta a todas las empresas de todos los sectores que trabajan para otras compañías, pero incidirá en el sector de la construcción.
ACTUACIÓN FRAUDULENTA
Con una medida de este tipo, Hacienda quiere frenar las situaciones en las que los deudores, de manera fraudulenta, eluden el pago de tributos mediante la concatenación de diferentes empresas en el ejercicio de una actividad. Muchas tienen trabajadores sin contrato. Todo ello abarata los costes tanto de estas compañías como de sus contratistas.
La medida prevista hará que los contratistas sean responsables de las obligaciones tributarias derivadas de las cantidades no retenidas a los trabajadores por las compañías a las que contratan. La responsabilidad se extenderá a las cantidades adeudadas por IVA no repercutido o cargado de forma incorrecta
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