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Madrid, 17 mar (EFECOM).- La nueva normativa contra la morosidad presentada por el Gobierno ayudará a agilizar los pagos a las empresas y reducir los plazos de demora, sobre todo por parte de la Administración, dijo hoy a EFE Francisco Jardón, presidente del Comité de Contratistas con las Administraciones Públicas de CEOE.
Jardón apuntó que el «anteproyecto de Ley de Medidas contra la Morosidad en Operaciones Comerciales», aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros «va a ser una ayuda para los pronto pago a las empresas, puesto que va a penar gravemente la morosidad».
La deuda histórica de las Administraciones Públicas con las empresas suministradoras de servicios llegó hasta unos 18.000 millones de euros (tres billones de pesetas), a mediados de la década de los noventa, aunque en los últimos años ésta se ha reducido de forma importante por las mejoras en la gestión de pagos de algunas administraciones.
La deuda actual, según Jardón, «está sin cuantificar» y añadió que en los últimos años se ha detectado un importante esfuerzo de la Administración Central por cumplir con los plazos legales por el pago de servicios.
Por el contrario, las Administraciones Locales, a juicio de Jardón, son las que registran un mayor grado de morosidad, sobre todo en Andalucía, hasta el punto que se dan algunos casos de ayuntamientos que tardan hasta cinco años en cumplir sus compromisos por el abono de servicios.
El nuevo proyecto de normativa es la trasposición a la legislación española de la directiva comunitaria, aprobada el pasado mes de agosto, y en la misma se reconoce un interés de demora del 9,7 por ciento (7 puntos por encima del tipo básico del Banco Central Europeo), frente al 4,25 por ciento de la actualidad, si no se afrontan estos pagos sesenta días después de hecha la obra o servicio.
Para Jardón, la situación que se abre a partir de ahora con las administraciones más morosas es que «se van a dejar de financiar con los propios contratistas y tendrán que acudir a los bancos para refinanciar la deuda. Ello les obligará a mejorar la gestión».
Uno de los sectores más afectados por la morosidad, la construcción, calcula que el pendiente de cobro del sector por parte de las Administraciones Públicas durante el año 2002 es el equivalente a cinco meses de producción, «similar a la del ejercicio precedente, dijo hoy el presidente de la patronal sectorial Seopan, Fernando Bilbao.
En términos brutos, esta cifra de morosidad equivaldría aproximadamente a 10.000 millones de euros, teniendo en cuenta que la producción de la construcción supuso 116.000 millones de euros y el 22 por ciento se concentró en el sector público.
El presidente de Seopan matizó que, mientras en las Administraciones Central y Autonómica, este pendiente de pago se mueve en una horquilla entre cuatro y cinco meses de producción sectorial, en los ayuntamientos se eleva hasta siete meses.
Tras la construcción los servicios de limpieza y mobiliario urbano, casi todos ellos dependientes de las Administraciones Locales, son los más importantes en cuanto al volumen de deuda.
El ministro de Justicia, José María Michavila, dijo, tras la presentación del anteproyecto de Ley, el pasado vienes, «que estas prácticas de morosidad generan insolvencia en las empresas, principalmente pymes» y matizó que «una de cada cuatro quiebra por insolvencia».
La nueva normativa contempla también un pago por el quebranto económico a las empresas afectadas por esta morosidad administrativa que no será superior al 10 por ciento del total de la factura. EFECOM
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