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52.- 27/Mayo/2002: Amnistía Internacional promueve acciones en ExxonMobil
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Amnistía Internacional promueve acciones en ExxonMobil La
organización Amnistía Internacional se introdujo en una nueva forma de
activismo al promover como accionista políticas de derechos humanos en
grandes corporaciones, como la petrolera estadounidense ExxonMobil. Por primera
vez en la historia de la organización, su rama estadounidense y
accionista de ExxonMobil, la mayor compañía petrolera del mundo,
procura que ésta adopte un compromiso específico con los principios de
la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. La
propuesta será votada en la asamblea de accionistas de la firma, que se
llevará a cabo en la meridional ciudad de Dallas el 29 de este mes. Las
iniciativas que presentan los accionistas no son obligatorias y tienen
poca probabilidad de ser aprobadas por accionistas o inversores
mayoritarios. Pero
inversores preocupados y activistas utilizan estas propuestas para
lograr la atención de la administración cuando el diálogo con la
compañía no arroja resultados. ExxonMobil,
con sede en el meridional estado de Texas, no puede seguir ignorando que
opera en países con graves problemas de derechos humanos --como Angola,
Camerún, Colombia, Chad e Indonesia--, muchas veces vinculados a
trasnacionales que operan en la energía y la minería, dijo Morton
Winston, de AI. ”AI
considera el activismo inversionista un mecanismo efectivo para llevar
este mensaje directamente a las salas de reuniones corporativas de
Estados Unidos”, sostuvo Winston, jefe de relaciones económicas y
empresariales de la organización. ExxonMobil
reconoce la existencia de violaciones de derechos humanos en los países
donde opera, admitió el director ejecutivo de la compañía, Lee
Raymond. ”En los países donde hay insurgencia y conflictos armados,
hemos condenado cualquier violación a los derechos humanos e intentamos
dar un ejemplo positivo tratando a nuestros empleados con dignidad y
respeto”, sostuvo Raymond en un discurso en abril del año pasado. |
La
compañía es cuestionada por organizaciones de derechos humanos y
ambientalistas por encabezar el consorcio encargado de construir un
oleoducto de 1.070 kilómetros desde los meridionales yacimientos de
Doba, en Chad, atravesando la selva de Camerún hasta el océano Atlántico. Los
críticos señalan la difícil situación de Chad, donde las fuerzas de
seguridad han asesinado a más de 200 civiles desarmados en la región
petrolera, según varias denuncias. El
Informe 2002 sobre Prácticas de Derechos Humanos en Chad del
Departamento de Estado (cancillería), asevera que las fuerzas de
seguridad ”perpetraron asesinatos extrajudiciales y desapariciones, y
continuaron practicando torturas, golpizas y abusos” en 2001. ”La
protección de instalaciones y actividades (de la compañía) conduce
frecuentemente a la interacción con fuerzas de seguridad, grupos
armados o personal de seguridad privada que exhiben pobres registros en
derechos humanos”, sostuvo el activista en una comunicado de AI. La
firma afronta una demanda, encabezada por la organización de derechos
laborales International Labour Rights Fund, que la acusa de pagar y
dirigir fuerzas gubernamentales que cometieron atrocidades mientras
protegían sus instalaciones en Indonesia
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