UNICEF alerta de la necesidad de que México supere la discriminación de los niños indígenas

México debe superar la discriminación y exclusión de que son víctimas los niños y niñas indígenas, según ha expresado la directora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Carol Bellamy. En general, "las cifras de desarrollo de los menores indígenas son dos veces más negativas que la media nacional", aseguró.

 
En México mueren cada año por desnutrición más de 40.000 niños. La situación se agrava respecto a los menores indígenas, cuyo nivel de desnutrición es del 58% frente al 33% del conjunto. En cuanto a educación, tres de cada cuatro indígenas no terminan la educación primaria, y su tasa de analfabetización alcanza el 44%, mientras que el conjunto de la población mexicana está en el 10%.

 
A pesar de todo, la directora de UNICEF quiso señalar que México es uno de los países líderes en la defensa de los derechos del niño y destacó las mejoras que ha conseguido en los últimos diez años, como erradicar las enfermedades infantiles de la polio y el tétanos.

Por otra parte, Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), urgió a dar una solución para los más de 13.000 hijos de madres que viven internas en cárceles de México. Así lo expresó durante el Foro Nacional sobre Hijos e Hijas de Mujeres Reclusas que, convocado por UNICEF, concluyó el pasado 25 de julio.

En opinión de Azaola, los centros penitenciarios ignoran a los 1.500 menores que viven con sus madres reclusas. Al no contar ni con recursos ni con programas para atenderlos, estas instituciones "ven el tema de los menores como muy engorroso, como una carga adicional", explicó. Los demás hijos de mujeres encarceladas se encuentran en casas hogar, con familiares, padres sustitutos o en la calle. Para un menor de edad, el hecho de que su madre vaya a prisión le suponen varias rupturas y pérdidas: la separación del padre, que rompe el vínculo con la madre, la separación de sus hermanos y la pérdida de su casa.

Por ello, Azaola propuso que, respecto a si es mejor que los hijos vivan en la cárcel con sus madres o rompan el vínculo con ellas, "debe dársele el derecho a decidir a las mujeres en primera instancia. Por su parte, las autoridades penitenciarias deben tomar en cuenta como criterio para los traslados el vínculo madre-hijo, porque no hay ninguna razón legal o jurídica que les niegue ese derecho".