Los ocho pecados de Bush, según Amnistía Internacional

El gobierno de Estados Unidos comete ocho errores que ponen en tela de juicio su autoproclamado liderazgo en materia de derechos humanos, advirtió la filial de la organización Amnistía Internacional en este país (AIUSA).

 
Entre los ocho errores de Washington destacados por AIUSA figuran la creación de tribunales militares que no respetan las convenciones de Ginebra, el desconocimiento de otros tratados internacionales de derechos humanos y la detención por tiempo indefinido de extranjeros sin acusación.

 
El gobierno de George W. Bush está dando argumentos a sus enemigos y detractores al no tomar en cuenta los derechos humanos como un elemento crucial en la defensa de la seguridad nacional, sostuvo el director de AIUSA, William Schulz, al presentar en Washington el informe anual de la organización internacional.

 
”Los derechos humanos son el fundamento de la seguridad nacional, tanto en el país como en todo el mundo. Cada vez que los derechos humanos son violados por Estados Unidos o por sus aliados, nuestros adversarios obtienen evidencia de nuestra hipocresía”, dijo Schulz.

 
Cada abuso cometido por Washington se convierte ”en propaganda para el extremismo”, agregó el activista.

 
”Estos ocho deslices socavan el liderazgo mundial de nuestro gobierno en materia de derechos humanos y nos crean dificultades para referirnos con fuerza a deslices semejantes de nuestros aliados en la guerra contra el terrorismo”, dijo.

 
Otras organizaciones, como Human Rights Watch y el Comité de Abogados para los Derechos Humanos, también han criticado las medidas tomadas por Estados Unidos en su territorio en el marco de la ”guerra contra el terrorismo”, así como por otros abusos cometidos en este país.

 
AIUSA criticó la creación de tribunales militares y su negativa a respetar las convenciones de Ginebra, base jurídica del derecho internacional humanitario, que se refiere a la situación de los prisioneros de guerra y a la de los civiles afectados por conflictos armados.

 
También cuestionó la prolongada detención de extranjeros sin acusación ni acceso a la debida defensa, para lo cual una ley aprobada el año pasado habilita al Fiscal General, que puede actuar en tal sentido por mera sospecha.

 
Entre los ocho ”errores” de Estados Unidos en materia de derechos humanos, AIUSA menciona, además, el amplio uso de la pena de muerte (este país está en cuarto puesto en la lista por ejecuciones anuales, detrás de China, Irán y Arabia Saudita) y el maltrato que reciben los solicitantes de asilo.

 
La imprevisión de un proceso de apelaciones independiente del gobierno en los juicios militares contra militantes de la red islámica Al Qaeda, a la que se atribuyen los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, ”socava nuestra autoridad para criticar a otros países por violaciones al debido proceso”, dijo AIUSA.

 
Además, la forma en que se tramitan esos procesos ”pone en peligro a ciudadanos y soldados estadounidenses en el extranjero”, agregó la filial de Amnistía.

 
”¿Cómo podrá Estados Unidos criticar a Arabia Saudita por sus juicios secretos e injustos cuando nuestro gobierno planifica establecer su propio sistema paralelo de justicia con tribunales militares?”, preguntó Schulz.

 
Además, la adhesión selectiva y, en algunos casos, la negativa a reconocer tratados internaconales no sólo ”indica que Estados Unidos cree que los países pueden elegir qué principios defender” sino que también ”daña el consenso mundial en materia de derechos humanos”, según AIUSA.

La negativa de Washington a garantizar a los capturados en Afganistán una audiencia independiente que decidiera sobre su carácter de prisioneros de guerra protegidos por las convenciones de Ginebra debilita la fortaleza de ese tratado en el resto del mundo, advirtió la organización.

Estados Unidos ha cuestionado en numerosas oportunidades las violaciones de las convenciones de Ginebra cometidas por tropas de Rusia en la república separatista de Chechenia.

 
La decisión del gobierno de no firmar el Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional, que se encargará de juzgar casos de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad, sienta otro precedente peligroso.

Otros países que han firmado pero aún no han ratificado tratados internacionales podrían retirarse de todos ellos, señaló AIUSA.

 
Así mismo, la detención después de los ataques del 11 de septiembre de cientos de extranjeros, la mayoría procedentes de Medio Oriente y Asia meridional y de nombres árabes, deja a Washington sin argumentos contra el maltrato a minorías étnicas en otros países, agregó.

 
La práctica de dejar en prisión a solicitantes de asilo que no cometieron delitos, cada vez más frecuente bajo el gobierno de Bush, da una connotación hipócrita a las protestas de Estados Unidos contra abusos similares en otros estados, sostuvo la fiial estadounidense de Amnistía.

 
”Al sugerir, como ha hecho el fiscal general (John) Ashcroft, que la seguridad nacional puede exigir concesiones sobre derechos humanos, nuestro gobierno ha reducido su autoridad moral para criticar transgresiones descaradas de los derechos humanos cometidas por países aliados”, indica el informe.

 
”De otro modo, los aliados podrían responder a las presiones de Washington y mejorar su situación en la materia”, indicó el informe.

 
El mismo criterio debería aplicarse al continuo uso que hace Estados Unidos de la pena de muerte, a pesar de que un número cada vez mayor de errores en las condenas son detectados gracias a pruebas de ADN. Sesenta y seis personas fueron ejecutadas el año pasado en Estados Unidos.

 
Schultz se refirió, además, a la incapacidad de Washington de someter a juicio o extraditar a torturadores conocidos que viven en Estados Unidos con conocimiento del gobierno.

 
Este es el caso de Emmanuel Constant, líder de una organización paramilitar de Haití que entre 1991 y 1994, cuando regía la dictadura militar, reprimió a seguidores del gobierno democrático derrocado.

Este tipo de conducta alienta a Japón a ignorar el pedido de extradición formulado por Perú del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), acusado de crímenes contra la humanidad.

Por último, Washington continúa exportando a países que cometen violaciones de derechos humanos material que es utilizados para torturas y otros abusos, aseguró AIUSA

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