SEGÚN AMNISTÍA INTERNACIONAL, LOS INTERESES COMERCIALES PRIMAN SOBRE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO ESPAÑOL

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado recientemente el establecimiento de “relaciones privilegiadas” por parte del Gobierno español con países que violan sistemáticamente los derechos humanos como China y Colombia, en una tendencia “extremadamente peligrosa” de la política exterior española que cada vez prima más los intereses comerciales sobre la defensa de esos derechos.

Así lo constata esa organización en su tercer Informe Anual de Política Exterior y Derechos Humanos del Gobierno Español. Amnistía Internacional critica esa política -presente además en los casos de Marruecos, Argelia, Guinea Ecuatorial y Rusia, entre otros-, y también la falta de garantías exigibles a las empresas que actúan en el exterior para que no perjudiquen los derechos humanos.

Eva Suárez-Llanos, Presidenta de Amnistía Internacional, Sección Española, ha asegurado que el Gobierno español “mantiene una política de mínimos en materia de derechos humanos dentro de la Unión Europea, en lugar de tener una posición de liderazgo”. Países como el Reino Unido y Alemania mantienen objetivos concretos en su política exterior como la protección de los derechos de las mujeres y la infancia y la erradicación de la tortura, mientras España mantiene una actitud “meramente retórica”, según Suárez-Llanos.

Respecto a la venta de armas, el politólogo Carlos Taibo aseguró en la presentación del informe que no sólo “estamos hablando de una política en la que prima lo comercial, sino también de una política comercial que vende armas a regímenes que violan los derechos humanos”. Es el caso de Sierra Leona, Turquía, Bulgaria (que re-exporta las armas a países más que sospechosos), Guinea Ecuatorial, y Arabia Saudí, entre otros. Según Amnistía Internacional, la información que proporciona el Gobierno sobre estas transacciones está dominada por el “secretismo, y carece de premura y exactitud”.

La organización ha propuesto la promoción de un código de conducta para las empresas presentes en el exterior y la elaboración de un Plan General de Derechos Humanos que guíe la actuación de la Administración y la política exterior española. Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la ratificación por parte del Gobierno en octubre pasado del Estatuto del Tribunal Penal Internacional y la firma de otros protocolos internacionales contra la discriminación de las mujeres y por los derechos de los niños soldados.