Firmas y cooperativas de otras comunidades irrumpen en la gestión de geriátricos públicos

Levante Digital, Comunidad Valenciana. 06/01/03

Las últimas adjudicaciones para la gestión de geriátricos de la Generalitat han abierto el sector a cooperativas de otras comunidades y han consolidado el asentamiento de grandes compañías estatales.

A. G., Valencia

El sector empresarial de residencias para la tercera edad es uno de los de mayor futuro, repiten analistas económicos, y la Comunidad, por su clima, un enclave privilegiado para este tipo de servicios. El mensaje ha calado en la patronal española y los últimos meses han visto el asentamiento y expansión en tierras valencianas de importantes compañías estatales.

La porción del pastel que representan los geriátricos que posee la Generalitat no ha quedado al margen de esta tendencia, de manera que las últimas adjudicaciones de gestiones de residencias han ido a parar mayoritariamente a entidades nacionales. La situación no ha pasado desapercibida a la patronal valenciana, cuyos máximos dirigentes, según han podido saber este diario en fuentes empresariales, ya se han puesto en contacto con el titular de Bienestar Social, Rafael Blasco, para trasladarle el malestar por la pérdida de peso relativo en este ámbito de las firmas valencianas. Es significativo, en este sentido, que dos importantes e influyentes empresarios locales, como Luis Batalla y Manuel Palma, han apostado con fuerza desde 2001 en este sector a través de dos firmas distintas.

La realidad es que, tras las últimas concesiones firmadas por el conseller, las residencias de la Generalitat gestionadas por el sector privado se reparten casi equitativamente entre sociedades nacionales y valencianas. Doce centros están en estos momentos en manos de entidades de la Comunidad, mientras que diez son llevados por firmas procedentes de otras partes del Estado.

Las adjudicaciones recientes han profundizado en el asentamiento de estas últimas. El geriátrico de Vila-real se lo ha quedado Clece (una entidad del grupo Dragados), que pasa a ser la principal adjudicataria de residencias de la Generalitat, al ir haciéndose desde 2001 con los de Benejúzar, Onil y Puçol. El centro de La Canyada ha sido concedido a la cooperativa vasca Auzo Lagun, que entra así en el sector de las gestiones integrales en la Comunidad (tiene el servicio de restauración de la macrorresidencia de Carlet). Asimismo, la cooperativa andaluza Abrecaminos pasó a hacerse cargo de la residencia de Benaguasil a mediados de 2002. Por otro lado, la conselleria ha renovado el contrato en el geriátrico de Chelva a la firma aragonesa Gabinete Técnico de Trabajo Social.

La compañía nacional Eulen se ocupa, además, de la residencia del palacio de Raga en Valencia, aunque este contrato vence en breve, y otra grande del sector, Ballesol, tiene desde hace años la de Torrent.

Así las cosas, si a mediados de los noventa el sector estaba copado por las cooperativas valencianas (llegaron a gestionar hasta 15 residencias), las dos entidades de economía social que subsisten en la actualidad sólo regentan 4. La entrada de empresas valencianas (La Canyada Servicios Sociales, de Manuel Palma; Gesmed, con participación de constructores locales, y Neletass, principalmente) y la aparición principal en los últimos tiempos de firmas y cooperativas de otras zonas de España ha dado un giro importante al mapa de estas residencias públicas gestionadas por entidades privadas.

Junto a ello, está la apuesta de otras grandes sociedades, como Ballesol, por instalarse con fuerza en la Comunidad. La citada firma ha abierto hasta tres centros en el casco histórico de Valencia y otro más en el área metropolitana