Esta semana: El fiscal pide 8 años de cárcel para el diputado Juan Antonio Toledo por un delito de falsedad y malversación pública

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El fiscal pide 8 años de cárcel para el diputado Juan Antonio Toledo por un delito de falsedad y malversación pública

VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El fiscal pide ocho años de cárcel para el diputado provincial del PSPV-PSOE Juan Antonio Toledo acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos y uno de falsedad ya que, según recoge el relato del ministerio fiscal, cuando era alcalde de la localidad valenciana de Ribarroja del Túria, junto con la también acusada Vicenta R.A., concejala de Hacienda, siguieron pagando entre setiembre de 1991 y julio de 1995 el sueldo a una empleada de la limpieza del Consistorio sin que ésta acudiera a trabajar, ya que estaba jubilada.

Según el fiscal, los dos acusados le dijeron a la mujer, a la que le faltaba un tiempo de cotización para poder cobrar la pensión, que "ellos lo arreglarían".

En la vista, que se celebró hoy en la sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, el acusado relató que no recuerda haber mantenido ningún encuentro con la empleada del ayuntamiento aseguró que no dió "ninguna instrucción" para que "nadie dejara de ir al ayuntamiento a trabajar" y señaló que esta mujer "no estaba jubilada". Asimismo, explicó que según la ley de Régimen Local es el alcalde quien ejerce las funciones de jefe de personal, si bien resaltó que "en el Ayuntamiento de Ribarroja del Túria esa función se ya no era competencia de la alcaldía en el año 94".

Por su parte, Vicenta R.A. negó los hechos y señaló que no recuerda que se produjera ninguna jubilación en la fecha en que ocurrieron los hechos mientras que la empleada de la limpieza explicó que fue a hablar con Toledo porque le faltaba un tiempo de cotización "y él me preguntó que si me parecía bien que yo no trabajara y recibiera el sueldo igual".

Así, señaló que recibió un sueldo durante cuatro años sin necesidad de ir a trabajar "algo que pasaba con más mujeres", relató. "Yo soy analfabeta y me fie de lo que me dijo el alcalde. El me dijo que no acudiera más porque ya había trabajado bastante sin Seguridad Social", añadió. Tras la vista, el letrado de Toledo, Cristobal Fernández, explicó que en este caso "no hay delito, hay unas irregularidades en las que Toledo no es responsable" y resaltó "que es absurdo pensar que el responsable de que no fuera a trabajar la mujer era el alcalde".

Los hechos ocrrieron, según recoge el relato del ministerio fiscal, en agosto de 1991, cuando los acusados Juan Antonio Toledo, que en esos momentos era alcalde de la localidad de Ribarroja del Túria y la concejala de Hacienda de dicha corporación, Vicenta R.A., que tenían plenas atribuciones en materia de personal, tuvieron conocimiento de la inminente jubilación de una mujer que trabajaba como limpiadora en el ayuntamiento.

Tras manifestarles la mujer que no iba a poder recibir la pensión correpondiente a su jubilación ya que le faltaba parte del tiempo requerido de cotización para ello, los dos acusados le indicaron que "no se preocupara" y que "se lo iban a arreglar". Así, prosigue el fiscal, "con la finalidad de completar el periodo de carencia e ignorando la mujer, dado su analfabetismo, el método que iba a emplearse, así como la legalidad de éste", Joan Antoni Toledo y Vicenta R.A., cesaron en el mes de agosto a la empleada de sus obligaciones laborales.

Asimismo, ocultaron esta circunstancia al personal administrativo encargado de la confección de las nóminas y de la liquidación de las cotizaciones de la Seguridad Social e incluyeron sucesivamente en los presupuestos anuales de la corporación, en los ejercicios 92 a 95, a la mencionada trabajadora, que, sin prestar trabajo alguno, cobró como si efectivamente lo hiciese.

Tras esto, la mujer recibió los salarios inherentes a su puesto de trabajo entre los meses de septiembre de 1991 y julio de 1995, incluidas las pagas extraordinarias, lo que produjo un perjuicio en las arcas municipales que asciende a un total de 53.752,43 euros.

El fiscal considera que Joan Antoni Toledo y Vicenta R.A. son autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos por el que pide para cada uno de ellos cuatro años de cárcel e inhabilitación absoluta durante ocho años y un delito continuado de falsedad en documento oficial por el que pide individualmente para los acusados cuatro años de cárcel e inhabilitación especial durante cuatro años.