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D. M./
BARCELONA. Una sentencia del Juzgado de lo Social número 19 de Barcelona ha reconocido que la incapacidad laboral permanente absoluta que padece una funcionaria de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granollers, es consecuencia de un accidente laboral fruto de unas fumigaciones periódicas que se efectuaron entre 1996 y 1998 en el local donde trabajaba. La sentencia permitirá que la pensión de la afectada sea del 100 por cien de la base reguladora de su salario.
C. G. fue la jefe administrativa de la oficina entre 1991 y 2001, pero tuvo que solicitar la baja en repetidas ocasiones debido a afecciones respiratorias, tiroiditis, episcleritis y finalmente un trastorno depresivo mayor.
Un dictamen médico de 2002 certificó que C. G. padecía un «síndrome clínico múltiple por intoxicación con organofosfatos carbonatos», lo que provocaba en esta trabajadora trastornos dermatológicos, endocrinológicos, fatiga y dificultad neuropsicológica de tipo frontal, es decir, era incapaz de hacer dos tareas al mismo tiempo.
Jaume Cortés, abogado del Colectivo Ronda, subrayó que pese a la dificultad para poner nombre a esta enfermedad laboral, la juez ha tenido en cuenta los dictámenes médicos que relacionan la desinfección, desinsectación y la desratización con los padecimientos de C. G., así como la poca ventilación del local, que pudo provocar un retraso en la eliminación de los productos tóxicos que quedaban en el ambiente.
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