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USO acusa al Ayuntamiento de ser el «culpable moral» de la situación
El primer día del año, cuando llegaron a sus puestos, un encargado les dijo que «ya no trabajaban allí». Nadie les había advertido de nada, aunque quizá se lo podían suponer: la Casa de las Ciencias había cambiado de empresa de mantenimiento, y la nueva concesionaria no había dado señal alguna de que quisiera conservar en sus puestos a las trabajadoras.
P. ÁLVAREZ./LOGROÑO
Las consecuencias: siete empleadas a la calle. El sindicato USO recurrió a los tribunales porque entendía que los despidos eran ilegales. Y los juzgados de lo Social de Logroño le han dado ahora la razón; era despido, era improcedente, y ahora las trabajadoras deberán ser readmitidas o indemnizadas.
El conflicto nació a finales del año 2003. La Casa de las Ciencias está gestionada por el Ayuntamiento, pero su mantenimiento, limpieza y atención al público se contrata a través una empresa privada. Hasta finales de año, esa empresa era una división de FCC. Pero el contrato salió a concurso, y el Ayuntamiento decidió cambiar de empresa y adjudicar el mantenimiento a 'Ocio Sport' S.A.
La duda estaba en cuál sería el destino de las empleadas de la Casa de las Ciencias con el tránsito entre empresas. Según el secretario de organización de USO, Juan Carlos López, las trabajadoras se dirigieron «repetidamente» a la nueva empresa, sin respuesta. No supieron nada hasta ese uno de enero.
Readmisión
USO acudió a los tribunales, en representación de tres de las siete trabajadoras, porque entendía que la nueva empresa tenía la obligación de «subrogar a las trabajadoras». Es decir, de mantenerlas en su puesto.
Así las cosas, las trabajadoras no sufrieron una extinción de contrato, sino un despido. Y un despido, además, improcedente, por lo que la empresa «Ocio Sport» deberá readmitir a las trabajadoras o indemnizarlas según su antigüedad.
El sindicato USO, sin embargo, lleva sus críticas más allá. Aunque el Ayuntamiento no tenga obligación legal, porque las despedidas eran trabajadoras de una empresa privada, Juan Carlos López cree que tiene la «responsabilidad moral» sobre el caso. Porque, afirma, «el Ayuntamiento contribuye a precarizar el mercado laboral, al apostar por tirar a la baja los contratos».
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