ANA S. AMENEIRO.

La delegación de Participación Ciudadana quiere prescindir, a partir del 1 de enero de 2004, de los servicios de limpieza de los centros cívicos que prestan 35 empleadas de una empresa privada, la mayoría de ellas viudas, separadas y solteras con cargas familiares. La idea de la delegada Paula Garvín es rescatar este servicio privatizado para hacerlo cien por cien público, pero este objetivo obliga a echar a la calle a 35 personas y, además, según el PP, va contra el convenio provincial de limpieza, que establece (artículo 12) que el contratista ha de hacerse cargo de los empleados despedidos de una contrata, en caso de que quiera contar con nuevos empleados para el servicio de limpieza. Pero en este caso no se harán contratos nuevos, sino que se crearán plazas públicas para los que han hecho una oposición y están en la bolsa de empleo. 

Garvín aseguró ayer, en declaraciones a este periódico, que la decisión está tomada. "Voy a mantenerme en mi ideología por mucho que me critiquen. (El nuevo servicio) será por oposición, no por enchufe". La edil de IU aconsejó a los empleados que reclamen a su empresa, no al Ayuntamiento. "Su empresa tendría que buscarles trabajo en otro sitio. Comprendo que quieran entrar como fijos por la puerta falsa, pero no puedo decir que entren de forma irregular". La única alternativa, según Garvín, es que el Ayuntamiento les busque otras contratas. Desde la oposición, los concejales del PP, Beltrán Pérez, y del PA, Paola Vivancos, pedirán en el Pleno que el gobierno dé marcha atrás al despido. Vivancos criticó que se destruya empleo de forma "dramática" a costa de crear empleo público y Pérez pidió que se mantenga esta contrata porque funciona bien.